España: la audiencia nacional cita como imputados a los anteriores gestores de bankia

5 julio, La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite la querella presentada por UPyD y citó como imputados a los antiguos gestores de Bankia y su matriz, BFA, entre los que se encuentran el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el hasta ayer consejero delegado, Francisco Verdú, que a última hora de la tarde y tras conocer su imputación presentó su dimisión. Entre la treintena de consejeros imputados figuran el ex ministro Ángel Acebes, el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández y el expresidente de las Cámaras de Comercio José María Fernández Norniella. La lista de imputados incluye, asimismo, a miembros de PP, PSOE e IU y representantes sindicales. También están llamados a declarar, en este caso como testigos, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.

A la espera de una mayor concreción, los delitos objetos de imputación son falsedad de cuentas, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu argumenta en un auto su competencia para dirimir este proceso porque los delitos que se imputan "habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional", así como un "perjuicio para una generalidad de personas" de diferentes partes de España. El magistrado recuerda que Bankia es el cuarto banco más grande del país, con un volumen de negocio que superaba los 485.000 millones de euros y un negocio crediticio de más de 186.000 millones de euros a cierre de 2011, por lo que la "quiebra" de la entidad "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país".

"La magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado la suma de 19.000 millones de euros para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización del grupo financiero", añade la Audiencia en su escrito.

Tras conocerse la noticia, la líder de UPyD, Rosa Díez, consideró que su partido ha prestado "un servicio a los ciudadanos y a la democracia". Desde el PP, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, se limitó a pedir que se respete la presunción de inocencia de los imputados. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, lamentó la imputación de Rodrigo Rato, porque es una persona a la que quiere "bien".

Desde el PSOE madrileño, su secretario general, Tomás Gómez, reclamó que se diriman las responsabilidades económicas, políticas o judiciales a que hubiere lugar. De igual modo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió que se depuren responsabilidades hasta el final y en todos los niveles sin exclusión. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defendió con matices la labor de los representantes del sindicato en los conejos de las cajas.

Los diputados de ERC y PNV, Joan Tardà y Pedro Azpiazu, respectivamente, aplaudieron la decisión del juez Andreu. A la vez, Tardá defendió la creación de una comisión de investigación en el Congreso.

La imputación de los exgestores de Bankia es uno de los temas que centra hoy la información de los diarios, que en sus titulares se limitan a reflejar las personas citadas por el juez. EL PERIÓDICO aporta un toque interpretativo en su primera: "El fin de la impunidad". Por su parte, EL MUNDO titula que "la Audiencia dirá si Rato orquestó un engaño masivo al lanzar Bankia".

La Fiscalía investiga los sueldos de los altos directivos de CatalunyaCaixa 

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para averiguar supuestas irregularidades en el establecimiento de un régimen de retribuciones elevado para altos responsables de CatalunyaCaixa. Según informó la fiscalía provincial en un escueto comunicado, la apertura de las diligencias se realizó la pasada semana motivada por "las informaciones aparecidas en los medios de comunicación". El Ministerio Público recuerda que la entidad "ha necesitado ayudas públicas del Estado".

CatalunyaCaixa respondió ayer que la política de retribución de los actuales altos cargos directos "se ha determinado siguiendo en todo momento y escrupulosamente los procedimientos y normas legalmente establecidos", que fijan actualmente en 300.000 euros el techo salarial para los directivos de entidades con participación pública.

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